sábado, 24 de septiembre de 2022

Cómo eran los comercios rosarinos a fines del siglo XIX, cuando se trabajaba 12 horas diarias

 24 de septiembre de 2022.

Por: Ana Cecilia Berdicever.

El historiador Eduardo Guida Bria cuenta que la ordenanza de descanso dominical de 1887 se cumplía en pocos locales. Abaniquerías, paragüerías, fábricas de alpargatas, mercerías, corseterías y puntillerías eran algunos comercios de la época. Los inmigrantes como protagonistas.

 

A fines del siglo XIX los empleados y obreros trabajaban todos los días del año y más de 12 horas por día. En la última década del siglo XIX, se agitaba el problema del descanso dominical. El historiador y docente Eduardo Guida Bria relata a El Ciudadano cómo eran los comercios de la Rosario de antes.

El 21 de octubre de 1887, a pedido de propietarios de tiendas y mercerías el intendente municipal de Rosario, Pedro Tomás de Larrechea, resolvió que en lo sucesivo “todos los domingos y días festivos de todo el año, las tiendas y mercerías cerrarán a las 11 de la mañana hasta el día siguiente”. La disposición municipal motivó protestas. El periódico “El Municipio” cuyo director era Deolindo Muñoz, en su edición del 27 de octubre insertó la siguiente noticia: “Un decreto absurdo. Atentado a la libertad de comercio“. Días después aparecen en este periódico solicitudes de dependientes a favor del descanso dominical y de comerciantes contra el mismo. En concreto, la ordenanza de 1887 no se cumplía, salvo en uno u otro caso.

En 1894, hay otro intento de lograr el descanso dominical. Deolindo Muñoz apoyó a los dependientes que señalan que trabajan de “6 de la mañana a 11 de la noche” todos los días del año. En octubre de ese año se logra un acuerdo con algunos comerciantes, en cuanto al cierre los días domingos a las “12 meridiano”. La resolución gubernamental en la provincia demoró un poco en concretarse, según explica Guida Bria.

Uno de los propulsores de la ley del descanso dominical en la provincia de Santa Fe fue el doctor Juan Bialet Massé, nacido en España pero residente en la Argentina que desde 1902 luchaba por el mismo, autor de “El estado de las Clases Obreras Argentinas” en 1904 y considerado el precursor del derecho laboral en el país.

Luego de una serie de alternativas, se aprueba en esta provincia la Ley del Descanso Hebdomadario, el 3 de julio de 1906, con el número 1327.

Los comercios de entonces

Estaban las abaniquerías y paragüerías en el centro. Sólo dos negocios se ocupaban de estos adminículos y todos eran importados y en un valor bastante inaccesible. Estas dos casas disponían de una gran variedad y en algunos casos rezaba el cartelito “precios módicos”, pero en la billetera de los trabajadores no se reflejaba.

En un censo comercial realizado en esos años se pudo comprobar que existían tres fábricas de alpargatas. La tarea se desarrollaba en talleres con escaso personal y el trabajo se hacia en dos a mano y la restante con una precaria máquina. Este calzado era barato y cómodo y su uso se generalizó entre las gentes de la campaña. La producción de taller mecanizado se elevaba a 140 docenas diarias con un personal aproximado de cien operarios.

Fábrica de alpargatas y zapatillas Pérez Delménico, en Córdoba 3549. Foto de 1930 gentileza de Eduardo Guida Bria.


También había camiserías donde la producción era escasa y la importación de este producto no ayudaba a instalar talleres. A las mujeres se las veía todos los días haciendo cola en las cuatro camiserías que tenía Rosario. En uno de los talleres de camiserías se había logrado un alto perfeccionamiento y empleaban a operarias que sabían coser muy bien. Estas casas también fabrican puños y cuellos y daban trabajo a otras obreras.

Llegan desde Italia Bartolo Botto, herrero que fabrica las primeras columnas de alumbrado público en la ciudad y Francisco Barbagelata, otro herrero que construye el primer reloj que tuvo la ciudad y que se instala en la torre sur de la iglesia matriz (hoy Catedral).

De Alemania llega el joven Thomas Führ que instaló la Mueblería Alemana en Rioja al 500 y fue pionero en la producción del cemento que derivó en el legendario cemento Portland.

Unos años antes había arribado a Rosario Federico Pommerencke, impulsor de la fabricación de cerveza, utilizando una propiedad sita en Entre Ríos y Catamarca.

    Quién se acuerda de la Schlau: la cervecería rosarina que en 1913 tenía la mejor tecnología del mundo

Otro italiano, José Cicarelli, se instala con una fábrica de tinta para imprenta.

La llegada de la familia Monteverde, con don Domingo a la cabeza, emplaza una fábrica de fósforos.

También otros inmigrantes traen sus ideas a la urbe y son, por ejemplo, Lasús y Laborde que colocan en el centro una fábrica de modernos carruajes. También tenían un galpón sobre el bulevar Santafesino (hoy Oroño) donde armaban las galeras para las familias adineradas.

Gentileza: Eduardo Guida Bria.


No solamente venían de Europa los inmigrantes que llegaban a Rosario. Dos norteamericanos se destacarían en la ciudad. Enrique Hopkins se convierte en el primer empresario portuario. Levanta su muelle a la altura de calle Buenos Aires y la avenida del Bajo (hoy Belgrano). Otro estadounidense, Rodrigo Malcom Ross, fue conocido en poco tiempo como “Míster Ross”. Levantó en las inmediaciones de las calles San Juan y Comercio un taller metalúrgico, que muchos consideran el primero en el país. Pero su mayor logro fue la instalación del primer transporte público de Rosario: los tramways (coches sobre vías tirados por dos caballos, precursores de los tranvías).

También llega a Rosario Irineu Evangelista De Souza, más conocido como Barón de Mauá. Provenía de Brasil e instala el primer banco en la Argentina en Rosario. Sus oficinas estaban frente al mercado Sud y luego Central en la esquina de San Luis y San Martín. Llegó a emitir billetes como “Banco Mauá”.


Gentileza: Eduardo Guida Bria.


El 11 de agosto de 1919 se instaló un negocio importante en la esquina de Córdoba y Progreso (hoy calle Mitre). Se llamaba Ensanche C. Del Acqua y Cía. S.A. En realidad, era una sucursal, ya que la casa matriz en Argentina, se ubicaba en Buenos Aires. Fue un revuelo muy grande, ya que en un primer momento empleó un número importante de operarios.

La inmigración de fueron llegando a Rosario impulsaron un desarrollo económico, social y cultural en esta ciudad, que de a poco se fue convirtiendo en una plaza vista con muy buenos ojos por otros que observaban desde lejos.

Las familias Chiesa, Roullión, Echesortu y los hermanos José y Manuel Arijón se fueron destacando en distintos rubros sobre todo empresariales.

Las costureras eran muy requeridas por algunos talleres textiles que se habían instalado y también por familias pudientes que deseaban que se ocuparan de vestir a toda la familia. Las telas eran importadas.

En esos primeros años del siglo XX iniciaban su instalación las mercerías y puntillerías. La más antigua fue la “Mercería Universal”, que tenía su negocio en la calle Córdoba entre Comercio y Aduana (hoy Maipú). También existían otros competidores de similares características en la calle Del Puerto (hoy San Martín) 893, “La Carolina”. Otra era la “Casa Forcada”, en la esquina de Rioja y Entre Ríos, que se destacaba por su “ajuar para las novias”, algo inédito hasta esos años.

Las familias Diener y Hoffmann eran titulares de “La Mercería Alemana”, en Córdoba al 500. Importaban telas de su país de origen y también de procedencia austríaca. Si se necesitaban realizar bordados, las internadas del Asilo del Buen Pastor se dedicaban a esta tarea y lo hacían muy bien.

Las corseterías ocupaban también un lugar preponderante en la “city rosarina”.

Se habían instalado dos comercios dedicados a esta tarea y demandaban de personal en forma permanente. El salario era de dos pesos a dos con cincuenta centavos para las oficiales. En el caso de las obreras de segundo orden se les abonada de un peso a uno con veinte. Y las aprendices recibían de cincuenta a ochenta centavos por día trabajado.

Roperías

A los dueños de estos comercios se les ocurrió la idea de instalar “Roperías”. Se abrieron dos negocios a pocas cuadras uno del otro. Tenían prendas con distintos precios y también en poco tiempo habilitaron el mercado de campaña y con diligencias o carruajes con toldos se internan en el interior de la provincia para así llegar a las chacras más próxima a Rosario. Aprovechaban viajar en la época de cosechas, porque sabían que los colonos disponían de ingresos para vestir a su familia. A veces acompañaban mujeres en esas travesías que duraban dos o tres noches. Si no tenían el modelo que gustaba, tomaban las medidas en la próxima visita se lo llevaban.

https://www.elciudadanoweb.com/como-eran-los-comercios-rosarinos-a-finales-del-siglo-xix-cuando-se-trabajaba-12-horas-diarias/


jueves, 23 de junio de 2022

Ley de alquileres: la oposición acordó la vuelta de los contratos a dos años y subas trimestrales

 22 de junio 2022.

El Frente de Todos impuso en comisión su dictamen de mayoría, que pondera el reclamo de los inquilinos, pero no tiene los votos para aprobarlo. Juntos por el Cambio aspira a darle media sanción a su proyecto.

La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020.


 El Frente de Todos avanzó este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación con un dictamen de mayoría para reformar la ley de alquileres. El proyecto oficialista -que sumó 40 firmas- no modifica el plazo de tres años para los contratos ni la actualización anual de los alquileres, dos de los puntos de la ley vigente que cuestionan los propietarios de inmuebles y los corredores inmobiliarios. En cambio, Juntos por el Cambio y otros bloques opositores llegaron a un consenso y sacaron un dictamen de minoría -39 firmas- que retoma los dos años de duración legal de los contratos, y dota mayor flexibilidad y libertad para que las partes puedan pactar el precio del alquiler sin tener que atarse a una periodicidad y un índice determinado por el Estado: permite subas hasta trimestrales y sin tope.

La oposición logró así su primer objetivo al conseguir la unificación de los proyectos de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal sobre la reforma de la ley de Alquileres, y si sostiene la unidad en el recinto podría obtener la media sanción en las próximas semanas.

El dictamen de mayoría resultó el del oficialismo con 40 rúbricas, una más que el de la oposición, que firmó despacho de minoría. Sin embargo, la ecuación podría darse vuelta en el recinto. Una vez que sea rechazado el dictamen de mayoría, se pasaría a tratar el de minoría opositora. Si a los votos de Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y Provincias Unidas se suman los cuatro votos liberales, superarían ajustadamente los 129 votos necesarios para la aprobación.

En el Senado, en cambio, podría configurarse una historia diferente, ya que en los papeles el Frente de Todos podría cosechar los votos para ratificar la media sanción original. Allí el escenario es incierto e impredecible. la oposición aspira a que alguno de los tres senadores oficialistas que en el pasado se manifestó a favor de la Boleta Única (Camau Espíndola, Edgardo Kueider y Sergio "Oso" Leavy) se desmarquen y no voten con su bloque.

El Frente de Todos comparte el diagnóstico de que la ley 27.551 del 2020 no dio las respuestas esperadas a las partes involucradas, pero pese a haber amagado en un primer momento con volver a los dos años de plazo de los contratos y el ajuste semestral de los valores, finalmente ponderaron los reclamos de los inquilinos para no tocar esos aspectos de la norma.

De esta manera, el dictamen de mayoría propone seguir con los tres años de plazo de los contratos y el ajuste anual conforme una fórmula que combina la evolución salarial (RIPTE) con la inflación (IPC). También fija que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios (que combina la variación salarial con la inflación medida por el IPC) será el tope máximo permitido, al tiempo que incluye un capítulo referido a incentivos fiscales para locadores.

A su vez, se estipula incentivos fiscales para los propietarios: la posibilidad de exceptuar del pago del impuesto a los Bienes Personales a esos inmuebles destinados a la locación para vivienda familiar, a menos que superen los 30 millones de pesos.

También incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y "siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados".

En cambio, y en sintonía con el reclamo de los propietarios de inmuebles, el dictamen de minoría retoma los dos años de duración legal de los contratos y dota mayor flexibilidad y libertad para que las partes puedan pactar el precio del alquiler sin tener que atarse a una periodicidad y un índice determinado por el Estado: establece reajustes hasta trimestrales y no estipula topes.

Concretamente, sobre el precio del alquiler estipula que debe "fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses".

A su vez, se añade que, para los ajustes del precio las partes, "deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, "o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden".

En relación al paquete de beneficios fiscales para locatarios, el dictamen opositor no se diferencia demasiado del oficialista: se prevé una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación "en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados" se considere como "una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma".

“La intervención sobre el mercado inmobiliario no debe ser a través del control de los precios sino de incentivos para ampliar la oferta”, señaló el diputado radical (Juntos por el Cambio) Alejandro Cacace.

Por su parte, el oficialista José Luis Gioja se preguntó a quién beneficia bajar los contratos a dos años: “¿A las mayorías? No, a los propietarios, a los que tienen. ¿Cuatro actualizaciones por año? Equilibremos, muchachos, juguemos para la gente, porque estamos viviendo una época complicada. Si no vamos a hacer que rija la ley del gallinero: el de arriba caga al de abajo”.

https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/ley-alquileres-la-oposicion-acordo-la-vuelta-los-contratos-dos-anos-y-subas-trimestrales-n10019531.html?fbclid=IwAR2fXCXOPuPhMqT36z3e7Fd1V7sMzUxRAyYpR8TBXDlI_0XOqNnnkFhS22Y


domingo, 8 de mayo de 2022

La mentira de Javier Milei

 8 de mayo de 2022.

Por: Alfredo Zaiat.

Datos duros de la estructura del gasto público proporcionados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, dependencia independiente del oficialismo y de la oposición, derriban una a una las consignas livianas de los libertarios cuando se refieren al gasto público.

 

Despedir a un millón de empleados públicos, eliminar la obra pública, interrumpir las transferencias discrecionales de recursos de la Nación a las provincias y suprimir todos los subsidios forma parte del recetario del histórico discurso conservador. El Estado es apuntado de esta forma como el responsable de las penurias económicas.

Estas posiciones reaccionarias hoy tienen de voceros principales a autodenominados libertarios, que en otra época se los mencionaba como liberales retrógrados.

El principal exponente de estas propuestas es Javier Milei y luego le sigue José Luis Espert, ambos mimados por el inmenso dispositivo de medios de comunicación de derecha.

Son dos personajes que eran marginales en el debate político y económico pero la permanente presencia mediática en los últimos años, con rasgos payasescos y declaraciones violentas que suben el rating de programas de televisión, lograron instalar en el ámbito público una agenda que en otros momentos era marginal y, fundamentalmente, políticamente incorrecta.

Los exabruptos naturalizados de Milei y Espert son funcionales además al poder económico, puesto que esos mensajes hoy dominantes permiten correr todavía más a la derecha el debate económico, social y político.

El insulto como estrategia política

El discurso económico de los libertarios es la versión renovada del eslogan de la dictadura "Achicar el Estado es agrandar la Nación".

Cada una de las tres traumáticas experiencias neoliberales de los últimos 45 años (dictadura, menemismo y macrismo-radicalismo) promovieron ese camino y el saldo fue otro: no hubo reducción del Estado y, en cambio, sí hubo desarticulación del entramado productivo y social, a lo que se sumó negocios con el Estado para empresas amigas o financistas de esos proyectos políticos.

La cuestión básica para entender porqué no pudieron achicar el Estado es que esa consigna no se puede implementar por más insultos y desbordes discursivos de políticos de ultraderecha con aspiraciones presidenciales.

Datos duros de la estructura del gasto público desmantelan esas groserías, que sólo ganan adeptos por la fragilidad emocional de gran parte de la población debido al prolongado deterioro de la calidad de vida.

Existe otro factor que no debe minimizarse: el factor emocional corre con ventajas en esta época de redes sociales tóxicas y de lenguaje del odio frente a la rigurosidad de la racionalidad de la evidencia empírica.

Esto no implica que no haya que hacer el esfuerzo para desarticular la renovada versión de una derecha violenta, que además es promovida por medios de comunicación conservadores.

Datos duros no matan relato libertario pero lo dejan desnudo

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), cuyo director general es Marcos Makón y no responde al oficialismo ni a la oposición política, publicó "Estudios de rigideces presupuestarias de la Administración Nacional. 2010-2021". Es un informe que derriba una a una las consignas livianas de los libertarios cuando se refieren al gasto público.

El objetivo del informe es identificar y cuantificar la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo Nacional en un año para reasignar recursos o reducir gastos.

Analiza la rigidez del gasto según su naturaleza, y por el otro, la afectación de los recursos a un determinado gasto según su fuente de financiamiento.

Al relacionar ambos conceptos es posible identificar aquellos gastos menos rígidos que son financiados con recursos de libre disponibilidad, o bien determinar la cantidad de recursos que le quedan al Estado luego de descontar los gastos rígidos y los recursos con afectación alta, lo que se conoce como "espacio fiscal".

Muy escaso margen para bajar el gasto público

Milei dice: "Yo propongo eliminar de cuajo la obra pública, por ejemplo, o las transferencias discrecionales tanto de la Nación a las provincias como de las provincias a los municipios".

No se trata de voluntad política o que los políticos no quieren reducir el gasto "porque se lo roban todo", como engaña a la población con ese tipo de declaraciones con la complicidad de interlocutores expertos en hablar sin saber.

Durante el extenso período analizado (2010-2021) la OPC revela que los gastos rígidos, mayoritariamente compuestos por las jubilaciones y pensiones, remuneraciones al personal, intereses de la deuda, asignaciones familiares, entre otros, implican alrededor de dos tercios de los gastos totales (66,9 por ciento), con máximos de 80,0 alcanzados en 2019 y mínimos de 57,9 por ciento en 2014.

Estas cifras muestran que es muy finito el margen para reducir el gasto público sin provocar un descalabro socioeconómico de proporciones.

Alrededor de otro 20 por ciento del gasto es de rigidez media (subsidios a la energía y transporte, programas sociales, servicios no personales, entre otros). Aquí también es escaso el espacio para bajarlo, aunque puede exigirse una mayor eficiencia, pero esta cuestión no forma parte del debate de los fundamentalistas anti-Estado.

Existe una pequeña porción del gasto que constituyen las erogaciones flexibles (13,2 por ciento del total) que se integra con gastos de capital, transferencias a provincias, bienes de consumo, entre otros. En esta categoría se encuentran los recursos para la inversión pública en infraestructura, capítulo preferido de los neoliberales para recortar y así hundir las perspectivas de desarrollo.

No sólo no baja el gasto rígido sino que crece

El informe de la OPC indica que el componente del gasto con rigidez alta no sólo representa la mayor proporción del gasto total, sino que también ha sido el que ha tenido mayor dinamismo en el período analizado. Explica el 84,0 por ciento del crecimiento registrado en el gasto total de la Administración Nacional entre 2010 y 2020, período en que su ponderación pasó de 19,8 a 25,5 por ciento del Producto Interno Bruto.

El año pasado, con la influencia de la pandemia en el presupuesto nacional, los gastos con rigidez alta igual fueron elevados, al representar el 63,6 del gasto total, mientras que los clasificados como de rigidez media (aquí se incluye el gasto Covid) fueron el 24,8 por ciento y sólo el 11,5 por ciento restante, aquellos gastos más factibles de reasignar.

El documento también cruza los gastos sin rigidez con fuentes de financiamiento sin afectación sobre los que el Gobierno tiene mayor margen de acción. Este indicador redujo su participación en el total de 16,6 por ciento en 2010 a 9,8 por ciento en 2021.

La conclusión del informe es contundente: "Actualmente el espacio fiscal por el lado de las erogaciones y afectación de recursos del presupuesto de la Administración Nacional es muy reducido".

Inflexibilidad de partidas presupuestarias

La promesa libertaria de reducir el gasto es una consigna política para convocar a sectores de la población desorientados o agobiados por la situación socioeconómica.

La realidad es que, según explica el informe de la OPC, los gobiernos cuentan con escaso margen para decidir las asignaciones presupuestarias anuales. Esto se debe a que "una elevada proporción de los gastos públicos está determinada con antelación por instrumentos legales, contratos, demandas de la ciudadanía, compromisos políticos o procedimientos de las administraciones públicas".

Al conjunto de partidas presupuestarias que no pueden reasignarse en el corto plazo por las autoridades presupuestarias sin altos costos (judiciales, económicos o políticos) se las denomina "rigidez presupuestaria".

Estas inflexibilidades son las siguientes:

* Rigideces que surgen de políticas o programas vinculados al "principio del beneficio", es decir, que son diseñados para beneficiar a aquellos que las financian (por ejemplo, políticas de seguridad social o salud).

* Derechos y garantías establecidos en distintas regulaciones, lo que dan origen a asignaciones específicas de recursos con el objeto de proteger ciertos gastos (por caso, la afectación del impuesto a los combustibles al gasto en vialidad).

* Transferencias intergubernamentales, lo cual se vincula al grado de descentralización de la política fiscal.

* Rigideces vinculadas a marcos legales (leyes, contratos), como los pagos de intereses de la deuda pública, la indexación de salarios y jubilaciones, reglas fiscales y fondos de estabilización.

Las jubilaciones y pensiones, la mitad del gasto total

Las prestaciones sociales son el principal componente del grupo de gastos con alta rigidez.

En este rubro, los gastos en jubilaciones y pensiones constituyen los de mayor participación relativa, con un promedio de 49,3 por ciento del gasto con rigidez alta de 2010 a 2021.

Incluye aquellas jubilaciones y pensiones del régimen general, de los regímenes especiales, y el pago a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y de seguridad.

El gasto en las jubilaciones y pensiones del régimen general constituye el componente más relevante dentro de este capítulo porque se actualiza automáticamente mediante la movilidad jubilatoria, y el resto de los regímenes lo hace en base a los incrementos en las remuneraciones del personal en actividad.

En 2021 más de la mitad de los gastos con rigidez alta correspondió al pago de jubilaciones y pensiones, lo que implicó 3,3 puntos porcentuales por encima del promedio del período 2010 a 2021.

Los empleados públicos, el blanco preferido

Espert promueve el despido de 1 millón de trabajadores del Estado, consigna que ignora que gran parte de ellos son docentes, personal de las fuerzas armadas y de seguridad, prestadores de servicios de salud y de otras funciones importantes para la atención de la población.

Sin evaluar que una medida de ese tipo provocaría un cimbronazo en el clima social y en la economía por el aumento del desempleo y caída del consumo, lo concreto es que sería impracticable.

El documento de la OPC ilustra que se consideran gastos no discrecionales a los gastos en personal, al pago de las jubilaciones y pensiones y al servicio de la deuda.

En cuanto a los gastos en personal y las transferencias vinculadas a salarios (por caso, a universidades), si bien pueden modificarse por disminuciones en la planta de personal y/o en las remuneraciones en términos reales, existen normas jurídicas que limitan el accionar estatal.

En este sentido, entre otras normas se destaca la estabilidad propia del empleado público garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Una forma legal de disminuir la cantidad de empleados públicos es mediante la implementación de programas de retiros voluntarios, pero en el corto plazo no se reduce el gasto en remuneraciones porque estos programas suelen incluir el pago de indemnizaciones o de sumas no remunerativas por plazos mayores a un ejercicio fiscal.

Si bien los procesos inflacionarios pueden disminuir la carga salarial en términos reales, no es fácil reducir la carga nominal del gasto, puesto que los agentes estatales están protegidos por la estabilidad en el empleo y sus remuneraciones nominales están protegidas por la intangibilidad. Lo mismo ocurre con las jubilaciones y pensiones.

El informe menciona que, en cambio, los gastos destinados a la inversión pública son de naturaleza discrecional, dado que pueden ser postergados, aunque de hacerlo puede dificultar la continuidad de proyectos en ejecución, promover el aumento de costos a futuro o generar reclamos judiciales contra el Estado por el incumplimiento de contratos firmados.

El mito del gasto público elevado

Como se observa, el informe de la OPC permite determinar el escaso margen para reducir el gasto público, y sólo se lograría provocando un descalabro de proporciones o negando derechos a grupos sociales vulnerables.

Una muestra en este sentido, el jueves pasado, fue el voto negativo de los cuatro representantes libertarios en Diputados al proyecto de ley que busca dar una respuesta integral a personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Lo rechazaron José Luis Espert, Carolina Píparo, Javier Milei, Victoria Villarruel, además de otros cuatro legisladores de la alianza macrista-radical Juntos por el Cambio.

El argumento principal para votar en contra fue que la iniciativa elevaba el gasto público. No importa en cuánto aumentaría, cualquier situación les sirve para alimentar una de las grandes mentiras de los liberales y sus descendientes libertarios: la Argentina tiene un gasto público excesivo.

En datosmacro.com se identifica que, en el ranking de gasto público/PIB, Argentina anotó 38,09 por ciento en 2021, por debajo de casi todos los países europeos y también por debajo de Brasil, que registró 42,87 por ciento.

La prédica contra el gasto público continuará porque, como se sabe, las evidencias de los números no tienen que alterar el relato de confusión deliberada de liberales y libertarios.

https://www.pagina12.com.ar/420210-la-mentira-de-javier-milei?s=04&fbclid=IwAR14tNBQjrmzZuhEyjyUpgySYbUG528iTWVyEjFDRV6pydMiy-okbzkyVHQ



domingo, 7 de noviembre de 2021

Hidrógeno verde: las ventajas comparativas de Argentina que propiciaron la inversión de Fortescue

7 de noviembre de 2021.

Por: Alvaro Arellano.

Las gestiones del gobierno nacional para cerrar el acuerdo con el directorio de la empresa australiana estuvieron respaldadas por una diversa oferta de recursos y desarrollo industrial.

 

El acuerdo de inversión por 8.400 millones de dólares para producir Hidrógeno Verde en Argentina no fue casualidad ni obra del destino. Más allá de las gestiones entre el gobierno nacional y el directorio de la empresa Fortescue, la elección de Argentina guarda una estrecha relación con las ventajas comparativas que ofrece el territorio para posicionarse en ese mercado mundial.

Una vasta oferta de recursos naturales y renovables, sumado a una tradición industrial como proveedor de la cadena de gas y petróleo, posicionaron al territorio nacional como un terreno fértil para el desembarco de tamaña apuesta. Según indicaron durante el anuncio en el marco de la cumbre sobre el cambio climático en Glasgow, la inversión permitirá generar más de 55 mil puestos de trabajo (15 mil directos y 40 mil indirectos), para una primera etapa que estará destinada a la exportación.

Se habla del hidrógeno verde como “el combustible del futuro”, y se trata de un recurso generado mediante electrólisis (proceso mediante el cual se separa a los elementos de un compuesto por medio de electricidad) a partir de energías renovables como la eólica y la solar. Es en esta dos últimas donde el país tiene un gran potencial para desarrollarse como proveedor. El hidrógeno verde surge así como una de las soluciones más desarrolladas para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como el transporte marítimo de larga distancia, la aviación y las industrias pesadas.

Durante el anuncio, el presidente Alberto Fernández anticipó que en poco tiempo el país “podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible que va a permitir reducir drásticamente las emisiones de carbono en el mundo”. A su vez indicó que el proyecto transformará a Río Negro (más precisamente a los alrededores de la localidad de Sierra Grande) en un polo exportador, con una capacidad de producción de 2,2 millones de toneladas anuales, lo que cubriría una producción energética equivalente al 10% de la electricidad consumida por Alemania en un año.

Las negociaciones que llevaron al acuerdo quedaron materializadas en la foto durante el anuncio, donde participaron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el presidente de Fortescue, Andrew Forrest; la CEO de la firma, Julie Shuttleworth, y el titular de la compañía para la Región Latinoamérica, el ex rugbier Agustín Pichot.

Pero lo cierto es que las gestiones que llevó adelante el gobierno nacional, estuvieron respaldadas por las condiciones que ofrece el territorio argentino en materia de recursos y desarrollo industrial. Variables que quizás respondan al interrogante de un periodista durante la conferencia en la que se brindó el anuncio. “¿Qué lleva a la compañía a traer su plan de negocios a la Argentina con los problemas macroeconómicos que existen?”, deslizó el reportero ante la mirada de funcionarios y directivos de la empresa.

Ventajas comparativas de Argentina

Un estudio del Consejo Para el Cambio Estructural (CCE) elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), detalló las ventajas competitivas que ofrece el país para la producción de hidrógeno y para posicionarse en ese mercado mundial.

“Además de contar con recursos naturales, renovables y reservas de gas natural, Argentina posee una tradición industrial de proveedores de la cadena del gas y el petróleo, algunos de los cuales han logrado una exitosa internacionalización –como el caso de la industria del GNC– fue pionera en establecer un marco normativo para la promoción del hidrógeno y cuenta con un proyecto de producción de hidrógeno verde que opera desde 2008”, señalaron a través de un informe.

Elaborado por CEP XX1


Además de sus yacimientos de gas natural convencionales, el territorio argentino cuenta con las segundas mayores reservas mundiales de gas no convencional, con un volumen estimado de 308 trillones de pies cúbicos, concentradas en la región patagónica. También cuenta con una extensa red de gasoductos de más de 16.000 kilómetros de extensión que abastecen las principales zonas urbanas e industriales del país.

Respecto a sus recursos renovables, desde el CEP XXI agregaron que el país presenta condiciones muy favorables para la producción de energía fuente solar, eólica, hidráulica, y cuenta con enorme disponibilidad de biomasa. Sin contar esta última, el potencial de Argentina para la producción de energía eléctrica de fuente renovable podría exceder los 300 GW.

En lo que refiere a la energía solar, que puede ser aprovechada para distintas tecnologías de producción de hidrógeno, la zona andina cuyana y del noroeste argentino comparte con Chile, Bolivia y Perú el área con el mayor potencial de energía fotovoltaica a nivel global (según el Banco Mundial), incluso con niveles de radiación levemente superiores a los registrados en otras áreas con climatología desértica como el norte de África o la Península Arábiga. En dicha zona se encuentra en la provincia de Jujuy el parque solar Caucharí, la segunda instalación fotovoltaica en operaciones más grande de América Latina.

Un panorama similar ofrece la producción de energía eólica en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires y la Región Patagónica. Mientras que a nivel internacional la mejora tecnológica y el aumento de capacidad de las turbinas eólicas ha logrado mejorar los factores de capacidad de hasta 35% en México y Estados Unidos, y levemente por encima del 30% para el norte de Europa (IEA, 2019b), los factores de capacidad de la Patagonia argentina están en el rango del 40-45%, con algunos parques que alcanzan niveles de entre el 50 y el 60%. En este sentido, la potencialidad en la región más austral del país es similar a la alcanzada en las explotaciones offshore del Norte de Europa.

 

El territorio nacional también se configura con una extensa disponibilidad de recursos para la producción de biocombustibles, entre los cuales sobresale la producción de biodiesel a partir de aceite de soja, etanol de maíz y etanol de caña de azúcar, que, de acuerdo al informe del CCE, podrían ser aprovechadas para la obtención de hidrógeno a partir del método de reformado de biocombustible, una tecnología en proceso de desarrollo y aumento de escala.

Por otra parte, la disponibilidad de recursos hídricos garantiza un abastecimiento suficiente para las plantas de hidrógeno verde.

A partir de estas variables, desde el CEP XXI sostuvieron: “Dada la estructura de costos del hidrógeno, el precio de la energía es el factor fundamental que determina su competitividad, a partir de lo cual dada nuestra amplia y diversa oferta de recursos renovables y no renovables, podremos obtener un hidrógeno que sea competitivo en términos internacionales”.

Lo que exponen los datos, es que Argentina cuenta con ventajas naturales y productivas para aprovechar el desarrollo de esta industria y su tecnología, promoviendo el trabajo de calidad y un proyecto de desarrollo a largo plazo protegiendo el medio ambiente local y global.

https://www.elciudadanoweb.com/hidrogeno-verde-las-ventajas-comparativas-de-argentina-que-propiciaron-la-inversion-de-fortescue/


miércoles, 5 de mayo de 2021

Exigen poner a trabajar a quienes reciben planes sociales

 Martes 04 de Mayo de 2021.

La propuesta, que será debatida en el Concejo, va en consonancia con un anuncio presidencial. "Buscamos generar un ahorro en el enorme gasto del Estado e inculcar la cultura del trabajo", dijo la concejala Renata Ghilotti.

 

La concejala de Juntos por el Cambio, Renata Ghilotti, presentó un proyecto para que "la Municipalidad de Rosario, mediante convenios con Nación, ponga a a trabajar a los beneficiarios de planes sociales como contraprestación por el dinero recibido".

"No hay futuro posible sin cultura del trabajo, del progreso a partir del esfuerzo y la meritocracia. Con esta medida no solo se educa sino que además le permitirá al municipio ahorrar dinero que, a fin de cuentas, es de todos los rosarinos", argumentó la edil referenciada con la presidenta del partido, Patricia Bullrich.

Y al respecto agregó: "En la actualidad hay personas que rechazan un trabajo y se sienten más cómodas con un plan. Esa es la batalla cultural que debemos dar y de allí esta medida que, confío, gran parte de los rosarinos apoya".

Sobre los fondos, la referente explicó: "Son miles de millones de pesos los que derivan de Nación en concepto de planes y asistencia social. A modo de ejemplo, el municipio por si solo tiene asignada una partida de más de 300 millones, de las cuales el 50% se lo lleva el personal y la otra mitad se destina a grupos vulnerables, varios", lo cual para la concejala refleja dos cuestiones: "Primero el enorme gasto del Estado y, segundo, la oportunidad de convertir esos millones de Nación y propios en horas hombre, para mejorar la limpieza de las calles, refaccionar espacios públicos, escuelas o bien colaborar con la organización de los vacunatorios, entre otras actividades".

En detalle, el expediente elevado por Ghilotti propone la creación del Programa Municipal de Recuperación de la Cultura del Trabajo, con la finalidad de insertar en el mundo laboral a las personas que cuenten con un beneficio social, mediante la adquisición de experiencia hacia un empleo formal.

Este programa será destinado para mayores de 18 años, con apto físico aprobado, quienes contarán con el asesoramiento en las tareas, higiene y seguridad y los seguros correspondientes a cargo del municipio.

Todo a partir de la celebración de convenios de colaboración e intercambio de información con el Poder Ejecutivo Nacional que le permitan al municipio elevar el cumplimiento y hasta pedir la caducidad del beneficio de quienes no asistan a las tareas asignadas.

Para finalizar, la edila de Juntos por el Cambio remarcó que: "El presidente anunció hace unos meses una medida similar, pero, como siempre, todo quedó en la nada. Llegó el momento de entender que habrá gente a la que no le guste, que las organizaciones protestarán porque nos metemos en su negocio. Pero sin educación y sin una consciencia real del progreso a partir del esfuerzo, resultará imposible hablar de un país y una ciudad segura e integrada. No hay futuro con el pobrismo".

¿Cuánto impactan los planes sociales en la voluntad de los beneficiarios de obtener un empleo? Según la investigación desarrollada por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) junto con el Instituto de Economía (Iecon) de la Universidad de la República, de Uruguay, y publicada a principios de febrero, existe la pérdida de voluntad de ingresar al mercado laboral en una parte de los beneficiarios de planes y recomiendan que el diseño de los programas de bienestar social contemplen mecanismos de transición entre el plan y el empleo, con el objetivo de mitigar el contra estímulo a ingresar al mercado laboral.

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/exigen-poner-trabajar-quienes-reciben-planes-sociales-n2658498.html


jueves, 22 de abril de 2021

Hartos de pagar para ver las noticias de los porteños

 Abr 22, 2021.

Por: Juan Pascual.

¿Qué implica que los medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires sean tomados como si fueran nacionales? El rol del Estado a la hora de poner a todo el país bajo la sombra de los porteños: un análisis detallado del reparto de la pauta oficial, la menos federal de las líneas del presupuesto.

Primera marcha del macrismo, el 18 de diciembre de 2019. Foto: Victoria Campana.


Mientras todo el país ve por el noticiero las idas y vueltas epidemiológicas, educativas y judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, en nuestra ciudad, Santa Fe, el director del principal hospital propone la apertura de tiendas de campaña en el campito del Liceo Militar que tiene enfrente. Necesita lugar para atender a los enfermos de coronavirus, como en una peli de guerra.

La miserable imagen que la dirigencia proyecta con el escándalo de la Ciudad de Buenos Aires también oculta que crisis sanitarias de igual dimensión están sucediendo, o están a punto de suceder, en buena parte de las ciudades más grandes del país. Al ritmo de los hechos, los agrupamientos de madres y padres organizados por Juntos por el Cambio a fines de 2020 se clonan a partir del modelo central, lo mismo sucedió con los runners y las aperturas de bares en plena primer ola, el año pasado.

Y con toda la razón: durante 2020, el dueño de un bar de Candioti sufría en su cierre de cuarentena al ver cómo al mismo tiempo el vicejefe porteño se tomaba un cafecito para las cámaras.

¿Ah, no sabés qué es Candioti? Mirá vos, che. Yo sí sé qué es plaza Serrano. Abrite un paquete de masitas de agua, salvaje unitario, y seguí esta larga y apasionante historia.

Las cajas

Si los medios nacionales existieran, el tema central de la pandemia hubiera sido, sin excepción, cómo la falta de controles en el Área Metropolitana de Buenos Aires terminó irradiando la pandemia por todo el país en 2020 y 2021. Del virus hasta se sabe cómo avanza hacia el interior y por qué rutas. Pero en Argentina no hay medios nacionales. Ninguno, ni siquiera la TV Pública. Sí hay medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, financiados principalmente por pauta publicitaria del Estado nacional, que proyectan en todo el país una realidad municipal como si fuera un debate de todos.

El ruinoso manejo de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires gobernada por Horacio Rodríguez Larreta no llegó a ser noticia continua a nivel nacional hasta estos días por la misma razón por la que ves todos los días en tu pantalla el estado del subte o circunstancias como un robo en Villa Soldati o un corte de luz en Caballito. En la Ciudad de Buenos Aires se concentra el grueso de los medios de comunicación del país, que fungen como medios nacionales cuando en realidad son tan locales como El Once TV, Mendoza Post o Pausa. La única diferencia es que poseen base material para apropiarse simbólicamente de todo el país y producir esa charada, que todo provinciano padece y rumia hasta la indignación cuando lee titulares como “Perdió Boca 2 a 0”.

A nuestras noticias nacionales las producen medios muy locales, cuya concentración en Buenos Aires es proporcional a la caja de dinero que reciben desde el inicio de los tiempos. Y hoy la mayor caja, en tiempos de publicidad privada en redes sociales, es la de la pauta oficial, en sus diferentes niveles.

La billetera más gorda es la del Ejecutivo nacional y, también, es la de menor reparto federal. Luego vienen billeteras más chicas, las de las provincias y los municipios. La desproporción entre el dinero gastado por la Nación en medios de la Ciudad de Buenos Aires –en comparación las otras provincias– se apalanca, además, con la caja que provee la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que todos los medios de comunicación del país pugnan por alcanzar fondos de las provincias y de los municipios, en la Ciudad de Buenos Aires pueden alcanzar doblemente fondos de nivel provincial, por la provincia de Buenos Aires en sí y, también, por la Ciudad. En el resto del país, los medios llegan a fondos provinciales y de municipios, que están un escalón más abajo.

En consecuencia, los medios locales de la Ciudad de Buenos Aires tienen un potencial de alcance nacional al que los medios del país ni siquiera pueden aspirar. No se trata ya de la infraestructura heredada, producto de décadas de asimetrías, sino del flujo de ingresos mismo, que reproduce y agiganta la brecha.

Suele utilizarse como justificación que los medios de la Ciudad de Buenos Aires reciben más pauta porque son, en verdad, medios nacionales. Lo serán por su infraestructura, no por sus contenidos.

Choque en Libertador

Todas las mañanas de nuestras vidas todos los argentinos nos levantamos conociendo cómo fluye el tránsito en la General Paz y cuál es el “estado del subte”. Después, nos detallan el clima del día para todo el país y el de toda la semana para el Obelisco. Esas mínimas informaciones son claves para definir que los medios de la Ciudad de Buenos Aires son medios locales con alcance nacional, porque se trata del nivel más básico de la información, el del servicio. Y también son claves de una forma más subterránea y sórdida: te ubican al toque respecto de cuál es el territorio que sí tiene relevancia nacional.

Después, está lo que se expone como noticia. Tardes o mañanas enteras siguiendo hechos puntuales de la Ciudad de Buenos Aires, como un corte de luz en Caballito, alguna inundación por lluvia, un robo en Palermo, una pérdida de gas en Liniers, el frío de los estudiantes en las escuelas sin calefactor. Hechos que suceden también todos los días en todas las ciudades del país.

A veces, se expone como noticia algo que sucede en los ranchos. Tiene que ser de una magnitud devastadora o bien debe satisfacer algún interés político puntual de tirios o troyanos. Entonces, vemos a los movileros cruzar la frontera y actuar como Lucio Victorio Mansilla aventurándose entre los ranqueles. No pegan nunca una, regularmente desconocen en qué lugar están y hasta en sus caras dejan ver el malestar que les produce el viaje. Cuando no, llaman por teléfono a algún periodista local y lo hacen trabajar gratis a cambio de la zanahoria de salir para todo el país. Desde caducas epistemologías, observan siempre un telúrico atraso cultural que suelen compadecer desde su iluminada urbanidad a través de vagas ideas como la de autenticidad o conceptos más atávicos, folklóricos. Allá se come pescado, allá andan en alpargatas, allá no saben votar.

Lo que no se expone como noticia también es otro nivel. Todo el humedal del Paraná estuvo en llamas durante meses en 2020. El hecho fue un tema eventual en los medios de la Ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera hay que ser ambientalista para preocuparse por la cuestión, decenas de ciudades pasaron semanas y semanas en el humo, mientras veían en sus pantallas alguna cobertura de vez en cuando. El exacto reverso de la indignación por los tres o cuatro días de humo en 2008, cuando al ruralismo se le ocurrió incendiar las islas del delta del Paraná. En 2013 hubo un paro policial en casi todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires la portada de Clarín fue la de la presidenta bailando y la cobertura general fue escasa e incidental. Se le dio satisfacción al morbo, porque había mucho para darle de comer, pero de reflexión política sobre el tema, poco y nada. Entonces, dos años después los analistas progresistas quedaron pintados ante el 70% de voto macrista en Córdoba, ciudad donde universitarios en camisa desaforados del terror salieron como horda a apalear pobres en ciclomotor durante las noches de calles liberadas. Hubo que esperar hasta 2020 para que los escribas porteños finalmente descubrieran que las capas bajas de la policía son un nuevo sujeto social desde hace rato, que tienen dirección política, que forman parte de la larga marcha de ascenso de la derecha y que pueden poner en crisis a la democracia en cualquier momento, porque se perciben por fuera –por excluidos y por tener otro horizonte– del orden actual.

Por último, la concentración de medios produce un vínculo de una sola dirección con las cuestiones simbólicas de la Ciudad de Buenos Aires. No tenemos la más mínima idea de qué pasa al lado. Los medios de provincias desconocen casi todo de las otras provincias, excepto que se publiquen bajo la letra paternal del centro.

De la Rúa, Macri, Larreta y la Ñ

Como en las noticias sobre los hechos circunstanciales de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, hay un nivel de construcción simbólica, más profundo y viscoso, que tampoco pueden evitar los medios de esa ciudad. Acá en las dependencias, uno cree que pueblo es sólo el lugar en el que se vive, pero los fenómenos de endogamia y elitismo se dan en todas partes.

Puede ser que el dueño de esa editorial boutique haya ido a El Colegio con el editor del suplemento cultural y con la investigadora de El Germani y la novel artista que llegó al Malba. A fuerza de traducciones y publicaciones periodísticas celebratorias, el resultado de esas amistades adolescentes es el cambio de la mayor parte de los programas de alguna cátedra de Ciencias Sociales a lo largo y ancho del país. Así, autores marxistas filo cristianos de Italia terminan en la boca de un JTP rosarino explicándole cuál es la potencia inmanente de la autogestión a los curiosos y humanistas hijos con departamento propio, renta y herencia de los cooperativistas agrarios argentinos.

Los medios de comunicación son la base del iceberg de la toda la industria cultural.

Nacionales en su infraestructura y locales en sus contenidos, los medios de Buenos Aires no pueden evitar proyectar a todo el país sus temas y figurones. Intelectuales, artistas, personajes, frívolos y frívolas de la gran ciudad se vuelven automáticas referencias en la Patagonia y la Puna. ¿Por qué prácticamente todas las ficciones de alcance nacional y horario central tienen los problemas, las alegrías, los lugares, la música y los cuerpos de les porteñes?

En esa proyección continua, van incluidos los políticos. No importa cuál sea el signo del intendente de Buenos Aires, frente a su presencia los periodistas de Buenos Aires actúan como cualquier medio provinciano ante uno de sus aportantes principales.

¿Les van a rematar lo que les queda de la Costanera? Qué bajón. No saben cuánta tierra pública urbana de todo el país pasó y pasa por procesos similares. La diferencia es que, cuando logramos detener ese tipo de avances no tenemos un eco nacional para que se use la palabra “histórico”. Y cuando somos derrotados, tampoco queda impresa la injusticia en los textos de la nación.

¿Por qué todo el país conoce el término subtrenmetrocleta? ¿En qué nos resultan relevantes sus cositas municipales? La segunda billetera en importancia de los medios que se presentan como nacionales es una billetera de temas municipales con el tamaño de una billetera provincial, por obra y gracia de un engendro constitucional que le dio rango de cuasi provincia, con diputados y senadores propios, a lo que no es más que una localidad de la provincia de Buenos Aires.

De ese modo, siempre el intendente y los concejales de esa ciudad van a ser referencias nacionales de algo, gracias a su aporte en pauta pero, sobre todo, gracias al aporte de la pauta nacional, que es la que genera y generó la asimetría estructural con el resto del país. Los temas municipales pueden llegar a estar en disputa, nunca la proyección nacional. Al intendente se le pueden discutir las veredas, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sus legisladores no se le discute que su distrito desde el inicio de la pandemia, con datos evidentes y públicos, fue el foco de coronavirus que más irradió e irradia a todo el país, con una tasa de mortalidad superior a la de los lugares más estallados del mundo, y que todas y cada una de sus políticas fueron un desastre, desde la flexibilización continua en 2020 hasta la presencialidad escolar en 2021, coincidentes ambas con las subas de casos.

No es una valoración, es una descripción. Cualquier medio porteño se juega buena parte de su financiamiento si pone blanco sobre negro en ese tema. La condición simbólica estructural para la proyección nacional de Fernando De la Rúa o Mauricio Macri –o de diputadas provinciales como nuestra Amalia Granata– es la misma que hoy explica el blindaje de Rodríguez Larreta. Lo triste es que esa estructura y esta coyuntura se sustente con la billetera de la pauta nacional, hoy en manos de Fernández.

¿Y es para tanto?

El Estado nacional pone plata en medios que producen contenidos propios y en canales como las redes sociales o la cartelería en vía pública. Para analizar la relación entre la pauta y la proyección de la sombra simbólica de la Ciudad de Buenos Aires sobre el país, omitimos tanto las redes como la cartelería en el análisis. El total de la pauta pagada por el Estado nacional en 2020 fue de $4.704.106.866. Casi cinco mil millones de pesos. En medios que producen contenidos aparte de pasar publicidades, la inversión del Estado nacional fue de $3.964.313.519. Algunos de esos medios no son argentinos. Los nacionales recibieron $3.955.440.200.

De todos los modos posibles de observar cómo se distribuye la pauta oficial, el más ajustado a nuestro problema es el del cálculo de la pauta pagada en medios que producen contenidos de acuerdo al distrito donde se localizan esos medios. Es decir, la cantidad de pauta pagada por habitante, en cada distrito, y reproducida en los medios de esos distritos. Se parte de la suposición de que cada habitante del país debería valer lo mismo, como audiencia, para el Estado nacional y que los medios de cada distrito son los mejores productores de contenidos para los habitantes de cada distrito. Se revela, en verdad, con qué se sostiene la ficción de que los medios, temas y personas de la Ciudad de Buenos Aires representan a la nación.

En medios de comunicación que producen contenidos en la Ciudad de Buenos Aires, el Estado nacional invierte el equivalente a 953 pesos por habitante de ese distrito. Muy detrás viene Tierra del Fuego, con 170 pesos por habitante. En Santa Fe, el Estado nacional invierte 31 pesos por habitante. La audiencia más relegada por el Estado nacional es la de la provincia de Buenos Aires, donde pone 10 pesos por habitante.

Se puede conceder que los medios de la TV abierta sí son nacionales, algo que sabemos es completamente falso. Hasta los invitados a los concursos son de la Ciudad de Buenos Aires. En ese caso, el Estado nacional invierte 679 pesos por habitante en medios gráficos, web, de cable y radios AM y FM de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Por cantidad de medios también se revela la asimetría. Hay 2143 medios en todo el país que reciben pauta nacional, 490 son de la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia, son 617. Ambas explican casi la mitad de los medios que reciben pauta nacional. Será que al resto del país no llegaron “las nuevas tecnologías”.

Otro modo de mirar esa asimetría es observar cuánto recibe en promedio cada medio de cada provincia. Contando la TV abierta, se distribuyen en promedio $5.984.696 anuales en los 490 medios de la Ciudad de Buenos Aires; sin la TV abierta esa cifra baja a $4.316.148 por medio. Luego vienen los 29 medios de Tucumán, que reciben, en promedio, $1.338.408 cada uno. Algo así como cinco o cuatro veces menos, según como se compare. El promedio de pauta por medio en Santa Fe es de $905.606.

 

¿Y por qué no observar qué peso tiene el mayor grupo de medios de Argentina? Clarín está radicado en la Ciudad de Buenos Aires. Sólo considerando sus cinco mayores buques –Canal 13 Artear, Clarín papel y web, TN y Radio Mitre–, el grupo Clarín es la segunda provincia del país en cantidad de dinero recibido después de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Por definición, una página web tiene alcance nacional. Sin embargo, eso sólo es posible si la web está en la Ciudad de Buenos Aires, dado que a los ranchos no debe haber llegado ni la luz. No la necesitamos, los bárbaros gozamos de vivir en lo oscuro.

El Estado nacional pone publicidad en 646 páginas web de nuestro país, 277 son la de Ciudad de Buenos Aires, 202 de la provincia. En Santa Fe, 22 páginas web reciben pauta nacional.

Más concentrados todavía son los montos que recibe la Ciudad de Buenos Aires. Esas 277 páginas web reciben más de 436 millones de pesos. Es el 78% del presupuesto destinado a web.

 

Entre otras webs de la Ciudad de Buenos Aires, hay sitios de nivel estrictamente barrial que reciben pauta nacional. Uno no se quiere meter en el trabajo de los demás, pero hasta un evidente curro de Willy Kohan recibió guita (somosnosotros.net, unas 84 lucardas). Ese desequilibrio desde Santiago del Estero podría interpretarse como un simple insulto: en toda esa provincia una sola página web tiene pauta, elliberal.com.ar

 

Cabecitas al noticiero

En la portada de un libro sobre los nuevos desafíos del periodismo, Periodismo instrucciones de uso, se ve el listado de autores que contribuyeron con sus ensayos. Hay académicos notables, periodistas que son muy rigurosos en su labor. Pero ninguno tiene a un medio del interior como principal trabajo. ¿De qué “profesión en crisis” estarán hablando?

¿Qué otra Argentina podríamos estar contando? ¿Cuáles son las otras caras que pueden conducir noticieros y las otras tonadas que podrían oírse en el dial?

Otras historias de argentina. Otras caras. Otros centros. La imagen de Argentina para los argentinos no es un problema menor. No somos una señora de Palermo que repica una cacerola, pero es realmente muy difícil no creer que sí lo somos o que podemos hablar por nuestra voz y no a través de la de ella. Y muchísimo más difícil es discutir con el clon de esa señora. En todo el país los medios locales son referencias directas de servicios e información local. Son efectivamente lo que más se escucha y lee. Pero el peso de los medios de la Ciudad de Buenos Aires pega en las agendas y, entonces, hablamos de sus problemas de seguridad urbana como si fueran los nuestros, de sus aumentos de transporte como si fueran los nuestros, de su forma de tratar la pandemia como si fuera la deseable para todos, más allá de que sea la peor de todas.

Hace rato que hay grupos de medios del interior que podrían saltar a otra liga de contar con el apoyo. Cadena 3 es un ejemplo y, por qué no, también Aire de Santa Fe. La pauta oficial no sólo es uno de los canales de difusión de la actividad de gobierno, también debería ser uno de los modos de fomentar la pluralidad de voces y las industrias culturales de forma federal. No tengo pruebas porque no tengo ganas de buscarlas, pero tampoco tengo dudas de que probablemente la línea de la pauta oficial sea la menos federal de todo el presupuesto. Así es como todos los argentinos que no vivimos cerca del Obelisco pagamos para seguir siendo felices con nuestra imagen diaria de subalternos de la patria.

http://www.pausa.com.ar/2021/04/hartos-de-pagar-para-ver-las-noticias-de-los-portenos/?s=08


domingo, 14 de marzo de 2021

Santiago Kovadloff y Héctor M. Guyot: un alegato a favor de las instituciones

 14 de marzo de 2021.

En el libro “¡República urgente!” conversan sobre la apremiante necesidad de recuperar los valores de la Constitución.

 

“¿Es posible un diálogo constructivo con el kirchnerismo? “No, no lo creo posible.“

 


 


Nota completa: https://www.lanacion.com.ar/cultura/santiago-kovadloff-y-hector-m-guyot-un-alegato-a-favor-de-las-instituciones-nid14032021/?outputType=amp&__twitter_impression=true


Nota: No son tan democráticos como ellos dicen...